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Estatutos del Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria.

Según la última actualización aprobada por el Consejo de Gobierno del Consorcio Madroño, en su reunión del día 14 de diciembre de 2016

El Consorcio fue creado en Madrid, el 27 de septiembre de 1999, fecha en la que fueron aprobados sus Estatutos (B.O.C.M. de 5 de noviembre de 1999). Posteriormente, en sesión de 28 de febrero de 2007, la Comisión Técnica dio el visto bueno a una propuesta de modificación de Estatutos, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 28 de marzo de 2007. Estos estatutos fueron modificados de nuevo en los Consejos de Gobierno de 13 de diciembre de 2012, del 27 de octubre de 2014, el 2 de diciembre de 2015 y posteriormente en el Consejo de Gobierno del 14 de diciembre de 2016.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
CAPÍTULO II. Órganos de gobierno
CAPÍTULO III. El Consejo de Gobierno
CAPÍTULO IV. La Comisión Técnica
CAPÍTULO V. El Presidente del Consorcio
CAPÍTULO VI. Los cargos directivos
CAPÍTULO VII. Régimen financiero
CAPÍTULO VIII. Separación de miembros y disolución

CAPÍTULO I. Disposiciones generales


Artículo 1

La Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación para el conocimiento Madrimasd son miembros de pleno derecho de un Consorcio con el nombre de “Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria”, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios a través de la cooperación bibliotecaria y con las finalidades siguientes:

 

a) Incrementar la productividad científica al mejorar el acceso de la comunidad universitaria integrada en el Consorcio a las colecciones bibliográficas existentes a través de la información bibliográfica y del préstamo interbibliotecario.

b) Mejorar los servicios bibliotecarios existentes y ahorrar costes en la catalogación, al compartir recursos ya existentes, especialmente registros bibliográficos y de autoridades.

c) Promover planes de cooperación, servicios bibliotecarios conjuntos, la adquisición compartida de recursos y la conexión a redes nacionales e internacionales.

d) Experimentar y fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de la información a los servicios bibliotecarios y potenciar la formación del personal que trabaja en las bibliotecas.

e) Colaborar en otras iniciativas que surjan de cooperación bibliotecaria y de catálogos colectivos, especialmente en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Artículo 1 bis

Son miembros de pleno derecho las cinco universidades públicas de la Comunidad de Madrid (la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos), la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación para el conocimiento Madrimasd (entidad dependiente de la Comunidad de Madrid).


La Fundación para el Conocimiento Madrimasd tendrá una cuota de participación en el Consorcio de un porcentaje del 0,1%. Dicho porcentaje afectará tanto a sus derechos de voto como su participación al presupuesto del Consorcio.

Las seis Universidades Públicas que son miembros de pleno derecho se reparten el porcentaje restante (99,9%). Dicho porcentaje se repartirá por partes iguales en lo que afecta al derecho de voto, correspondiendo a cada uno de ellos un porcentaje de voto del 16,65%. La aportación de cada Universidad a la participación al presupuesto del Consorcio se aprobará anualmente por el Consejo de Gobierno.

Conforme se dispone en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Universidades Públicas no tienen la consideración de Administración Pública a los efectos de dicha norma, por lo que no es de aplicación el artículo 120 sobre el régimen de adscripción

Junto a los miembros de pleno derecho, podrán incorporarse como miembros asociados otras Universidades y centros de investigación o educativos de reconocido prestigio. Los miembros asociados no podrán pertenecer al Consejo de Gobierno, pero deberán aportar a la financiación del Consorcio en función de lo aprobado por el Consejo de Gobierno.


Artículo 2

El  Consorcio tiene carácter  voluntario e indefinido, es una entidad de derecho público, sin ánimo de lucro y se rige por lo establecido en la legislación aplicable (en concreto, Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la normativa de la Comunidad de Madrid sobre consorcios), los presentes Estatutos y, supletoriamente por la legislación aplicable.

 

El Consorcio está sometido en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión. En su caso, se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.

Los miembros de pleno derecho del consorcio establecerán un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

El Consorcio tiene la condición de poder adjudicador a los efectos Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente estará sometido a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad y resto de normativa pública que se le aplique en su condición de entidad dependiente y vinculada al sector público (en el ámbito de las Universidades).
 

Artículo 3

El Consorcio tiene personalidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades y podrá realizar actos de administración y disposición de bienes, firma de contratos y, en general, todos los actos necesarios para alcanzar, de acuerdo con la legislación aplicable en cada supuesto, los objetivos que establecen los Estatutos.

 

Artículo 4

El Consorcio tendrá su sede en la Comunidad de Madrid. Su domicilio se determinará por el Consejo de Gobierno.

 

Artículo 5

La integración en el Consorcio de otros organismos o entidades, ya sea como miembros de pleno derecho o como miembros asociados, será adoptada por el Consejo de Gobierno, con la aceptación previa de los presentes Estatutos. En caso de modificación de los miembros de pleno derecho deberán modificarse los presentes estatutos.

 

CAPÍTULO II. Órganos de gobierno


Artículo 6

El Consorcio se regirá por los órganos siguientes:


Órganos colegiados
a)  Consejo de Gobierno
b)  Comisión Técnica

Órganos unipersonales o cargos directivos
c) Presidente del Consorcio
 

CAPÍTULO III. El Consejo de Gobierno


Artículo 7

7.1 El Consejo de Gobierno es el órgano superior del Consorcio y está formado por el Rector, en el caso de las Universidades, y por el representante legal en el caso de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd. En ambos casos, podrán delegar su participación en el Consejo de Gobierno en otras personas pertenecientes a sus instituciones. Dicha delegación deberá ser por escrito, salvo en el caso en que acuda, en representación de las Universidades, quien ocupe el cargo de Vicerrector o Vicerrector adjunto, en cuyo caso se presumirá que la delegación ha sido válidamente concedida.

 

7.2 A las reuniones del Consejo de Gobierno asistirán los miembros de la Comisión Técnica con voz pero sin voto, salvo que el presidente del Consejo estime lo contrario

7.3 Los miembros de pleno derecho del Consorcio Madroño participarán en la toma de decisiones del Consejo de Gobierno. Cada universidad tendrá un porcentaje de voto del  16,65% y la Fundación para el conocimiento Madrimasd un 0,1%
 

Artículo 8

8.1 El Consejo de Gobierno elegirá entre sus miembros al Presidente del Consorcio, que será también Presidente del Consejo.

 

8.2 El Consejo de Gobierno del Consorcio nombrara a un secretario. El secretario podrá ser uno de los miembros del Consejo de Gobierno o cualquier tercero nombrado al efecto.
 

Artículo 9

La competencia del Consejo de Gobierno se extiende a todo lo que concierne al gobierno y administración del Consorcio, sin excepción alguna. Con carácter puramente enunciativo y no limitativo, son sus atribuciones y facultades:

 

a) La aprobación del programa de actividades.

b) La aprobación del presupuesto y la aportación al mismo de cada miembro de pleno derecho, que se hará anualmente.

c) La aprobación de las tarifas que deban abonar los usuarios por la utilización de sus servicios

d) La aprobación de la composición de la plantilla y remuneración del personal.

e) El control del presupuesto.

f) La aprobación de la memoria de la gestión y del balance del ejercicio anterior, así como de todos aquellos documentos contables y presupuestarios exigidos por la normativa.

g) El acuerdo de admisión de nuevos miembros de pleno Derecho o miembros asociados.

h) El nombramiento y el cese de los cargos del Consorcio.

i) La creación de comisiones de asesoramiento sobre aquellos temas relacionados con los objetivos del Consorcio.

j) El acuerdo de modificación de los Estatutos.

k) La aprobación de los reglamentos del Consorcio.

l) El acuerdo de disolución y liquidación del Consorcio

m) El acuerdo de los actos de disposición del patrimonio del Consorcio.

n) La aprobación del ejercicio de acciones judiciales.

o) La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento de estos Estatutos.

La concesión de delegaciones y apoderamientos a los distintos órganos y personal del Consorcio.
 

Artículo 10

10.1 El Consejo de Gobierno se reunirá, convocado por el Presidente o, en su nombre, por el Secretario del Consejo, como mínimo una vez al año en sesión ordinaria. Se podrá reunir también en sesión extraordinaria por iniciativa del Presidente o cuando lo soliciten, como mínimo, la tercera parte de sus miembros. Los miembros de pleno derecho podrán solicitar al Presidente que se incluyan en el orden del día cuestiones concretas a tratar.

 

10.2 De cada sesión, el Secretario levantará el acta correspondiente.

10.3 Las convocatorias de las sesiones se harán por escrito, con el orden del día correspondiente a la reunión, y se notificarán a todos los miembros al menos con siete días naturales de antelación, excepto que se trate de convocatorias extraordinarias, cuya notificación se hará con un mínimo de tres días naturales. No obstante lo anterior, no será necesaria convocatoria cuando estando presentes todos los miembros de pleno derecho acuerden por unanimidad celebrar la reunión. A estos efectos, se considera que está presente en la reunión cuando se participe por videoconferencia.

10.4 Todas las personas asistentes a la reuniones, ya sean miembros de pleno derecho o invitados, deberán mantener el secreto de aquellas informaciones de carácter confidencial de las que hayan tenido conocimiento a través de su participación en dichas reuniones.

10.5 En caso de ausencia del Presidente o del Secretario en la reunión, el Consejo de Gobierno aprobará al inicio de la misma quién ostentará dichos cargos de entre sus miembros para dicha reunión.
 

Artículo 11

11.1 Para la válida adopción de acuerdos será necesaria la presencia de al menos tres miembros de pleno derecho. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de votos de los miembros del Consejo de Gobierno presentes, excepto en los casos en que los Estatutos establezcan un régimen diferente.

 

11.2 Será necesario el voto favorable del 67% de los votos de los miembros de pleno derecho presentes, para la validez de los acuerdos que se adopten sobre las materias siguientes:

a) La admisión y exclusión de nuevos miembros del Consorcio de pleno derecho o miembros asociados

b) La modificación de los Estatutos  y la aprobación de los Reglamentos del   Consorcio.

c) La creación, supresión, nombramiento y el cese de los cargos del Consorcio,

d) El acuerdo de disolución y liquidación del Consorcio

11.3 La asunción por el Consorcio de obligaciones económicas no previstas en su presupuesto anual que suponga un incremento de gasto requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno y comportará, en su caso, la modificación del presupuesto. El aumento de las obligaciones financieras de las instituciones consorciadas requerirá la autorización previa, de forma expresa y por escrito, de los órganos de gobierno de estas instituciones. No será necesaria autorización previa para las operaciones de crédito destinadas a cubrir necesidades temporales de tesorería según los derechos reconocidos a favor del Consorcio, siempre que dicha operación sea permitida por la normativa pública de endeudamiento

Igualmente, en el caso de que la financiación presupuestada para el desarrollo de las actividades del ejercicio sufriera un decremento que pusiese en peligro la realización de las mismas, el Consejo de Gobierno deberá reunirse a los efectos de tomar las medidas necesarias.
 

CAPÍTULO IV. La Comisión Técnica


Artículo 12

12.1 La Comisión Técnica es el órgano de administración, propuesta y asesoramiento, con las facultades que en cada caso le asigne el Consejo de Gobierno.

 

12.2 La Comisión Técnica estará integrada por los directores de biblioteca de las universidades miembro de pleno derecho del Consorcio. No formará parte la misma la Fundación para el conocimiento Madrimasd. La presidirá el director de la biblioteca de la universidad que ostente la presidencia. La Comisión Técnica designará, entre sus miembros o terceros ajenos a la misma, a un secretario.

12.3 Son también atribuciones de la Comisión Técnica, con el apoyo de una oficina técnica:

a) La propuesta del programa de actividades.

b) La propuesta del presupuesto,

c) La propuesta de las tarifas que deban en su caso abonar los usuarios por la utilización de sus servicios

d) La propuesta sobre  la composición y remuneración del plantilla de personal

e) La propuesta de modificación del presupuesto

f) El informe de la memoria de la gestión y del balance del ejercicio anterior.

g) La propuesta de admisión de nuevos miembros.

h) La propuesta de modificación de los Estatutos.

i) La propuesta de los Reglamentos del Consorcio.

j) La propuesta del ejercicio de acciones judiciales.

k) La creación de grupos de trabajo de apoyo técnico
 

Artículo 13

La Comisión Técnica se reunirá, convocada por el secretario a propuesta del Presidente, al menos una vez al trimestre.

 

Artículo 14

Para la toma de decisiones de la Comisión Técnica deberán estar presentes al menos la mitad de sus miembros. Los directores de las universidades miembros de pleno derecho podrán delegar su voto en otras personas vinculadas a su propia universidad o bien en otros miembros de la propia Comisión Técnica. Dicha delegación deberá ser por escrito.

 

En caso de ausencia del Presidente o Secretario, al inicio de la reunión se nombrará un Presidente y Secretario entre sus miembros para la reunión de la Comisión.

A efectos de derechos de voto, cada uno de los miembros tendrá derecho a un voto, tomándose las decisiones por mayoría de votos de los presentes. En el caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.
 

CAPÍTULO V. El Presidente del Consorcio


Artículo 15

El Presidente del Consorcio será elegido por el Consejo de Gobierno de entre sus Universidades miembros de pleno derecho.

 

El cargo de Presidente tendrá duración de un año. En el caso de que transcurrido el periodo de un año desde su nombramiento no se hubiera reunido el consorcio, el cargo se entenderá prorrogado hasta la siguiente reunión. El cargo de secretario se ostentará hasta que el mismo renuncie o se cambie por acuerdo del Consejo de Gobierno.
 

Artículo 16

Son atribuciones del Presidente del Consorcio:

 

a) Ejercer la representación de del Consorcio en juicio y fuera de él.

b) Acordar la convocatoria de las reuniones y la fijación del orden del día.

c) Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación los acuerdos y proclamar el resultado de las votaciones.

d) Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados.

e) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del patronato.

g) Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida.
 

CAPÍTULO VI. Los cargos directivos

 

CAPÍTULO VII. Régimen financiero


Artículo 17

Para la realización de sus objetivos, el Consorcio dispone de los recursos siguientes:

 

a) Los ingresos procedentes  de las cuotas de los miembros de pleno derecho aprobados por el Consejo de Gobierno

b) Los ingresos procedentes de las cuotas de los miembros asociados

c) Las subvenciones y transferencias anuales que, para su funcionamiento y a cargo de sus presupuestos, le otorgue la Comunidad de Madrid

d) Otras aportaciones a cargo de las entidades consorciadas

e) Las aportaciones, subvenciones, donaciones, legados y ajustes de todo tipo que reciban de las instituciones públicas y privadas o de particulares.

Los miembros de pleno derecho del consorcio no estarán obligados a efectuar la aportación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados.

El ejercicio económico del consorcio coincidirá con el año natural.
 

Artículo 19

19.1 Para el control financiero, el Consorcio se atendrá a lo dispuesto en la normativa vigente, sujetándose, en su caso, a las oportunas auditorías. A estos efectos estará obligada al cumplimiento de todas sus obligaciones y deberes presupuestarios, de rendición de cuentas, contables, correspondientes a las entidades vinculadas o dependientes del Sector público vinculado a las Universidades.

 

19.2 Las actividades económicas del Consorcio se ajustarán a lo dispuesto en el presupuesto anual aprobado por el Consejo de Gobierno.
 

CAPÍTULO VIII. Separación de miembros y disolución


Artículo 20

20.1 Los miembros de pleno derecho del Consorcio podrán separarse del mismo en cualquier momento. La separación por decisión propia de cualquiera de las entidades de pleno derecho que formen parte del Consorcio se notificará al Presidente del Consorcio, quien la comunicará al Consejo de Gobierno, A efectos económicos, la separación del consorciado no impedirá su obligación de satisfacer de manera íntegra las cuotas acordadas para el ejercicio en curso.

 

20.2 El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Universidades públicas.

20.3 En el caso de miembros asociados no existe derecho de separación, sino que podrán solicitar la baja en cualquier momento, teniendo la misma efectos inmediatos. La solicitud de baja no exime su obligación de satisfacer de manera íntegra la cuota del ejercicio en curso.

Artículo 21

21.1 El Consorcio se disolverá por acuerdo de las 67% de los votos de la totalidad de los miembros de pleno derecho (presentes o ausentes) o por imposibilidad legal o material de cumplir sus finalidades.

21.2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador vinculado a uno de los miembros de pleno derecho.

21.3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad. La citada cuota será la que corresponda con arreglo a los derechos de voto de los consorciados (16,65% para cada universidad y 0,1% a la Fundación para el conocimiento Madrimasd. A cada entidad le corresponderá el anterior porcentaje del saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación.

Artículo 22

En lo no regulado en los artículos 20 y 21 sobre la disolución y separación, será aplicable lo establecido en el artículo 125, 126 y 127 de Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.